1. Familias indígenas adoptan la fe cristiana evangélica
Varias familias del pueblo Eperara Siapidara, pertenecientes al Resguardo Quebrada Grande en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, deciden profesar la fe cristiana evangélica sin renunciar a su identidad indígena.
2. Surgen amenazas de expulsión y exclusión
Debido a sus convicciones religiosas, las familias enfrentan rechazo y medidas que amenazan con expulsarlas de su territorio ancestral, retirarlas del censo comunitario y restringir derechos fundamentales, afectando también a niños y adolescentes.
3. Se presenta acción de tutela
Ante las amenazas, se acude a la justicia constitucional para proteger la libertad religiosa de las familias y evitar que sean discriminadas por causa de su fe.
4. Primera instancia protege a las familias
El Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara de Iscuandé tutela los derechos de las familias y deja sin efectos las medidas que amenazaban con su expulsión.
5. Se garantiza permanencia en territorio y censo indígena
La sentencia garantiza que las familias permanezcan en el censo del resguardo y continúen viviendo en su territorio, además de prohibir actos de discriminación por razones religiosas.
6. Se promueve el diálogo intercultural e interreligioso
El fallo exhorta a generar espacios de diálogo intercultural e interreligioso para fortalecer la convivencia pacífica y el respeto entre los integrantes de la comunidad.
7. Las autoridades impugnan la decisión
Las autoridades accionadas impugnan el fallo y el caso pasa al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco para decisión de segunda instancia.
8. Segunda instancia confirma la protección
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco confirma la protección concedida a las familias y establece que la jurisdicción especial indígena no puede imponer exclusiones, sanciones o expulsiones por motivos religiosos.
9. Se consolida la protección de identidad cultural y libertad religiosa
La segunda instancia considera desproporcionadas y discriminatorias las medidas adoptadas y mantiene la protección de los derechos fundamentales, armonizando autonomía indígena y derechos humanos.
