Empresas, corporaciones, canales de televisión, periódicos, gobiernos y hasta instituciones educativas se dieron a la tarea durante todo el mes de junio de llenarnos de publicidad «arco iris». Todo esto con el fin de hacernos creer que existe una lucha sincera por la libertad y el respeto. Sólo con ver los robustos presupuestos invertidos desde alcaldías y gobernaciones para esta propaganda mediática, nos podemos dar cuenta que existe un esfuerzo deliberado para adoctrinar a las personas desde una edad temprana.



Hace unos meses la Secretaría Distrital de Planeación de la ciudad de Bogotá anunció la contratación por 172.472.301 de pesos para la “actualización de la política pública LGBTI y su plan de acción». Esto solo para lo que llaman la ‘actualización’ de la misma. Llama la atención que en plena emergencia nacional donde tantos sectores han sido afectados por la crisis económica, se prioricen los dineros públicos para causas ideológicas. Sin duda en este momento el dinero estaría mejor invertido en infraestructura sanitaria y en la reactivación económica, especialmente teniendo en cuenta que la capital de Colombia ha sido la ciudad más afectada por esta emergencia.

Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia no se quedó atrás. Varios cruces peatonales fueron pintados con la bandera de colores que representa a la población LGBTI. Los edificios más importantes alumbrados con el mismo distintivo y la primera dama de la ciudad fue la encargada de izar esta bandera junto con las banderas de Colombia, Antioquia y Medellín, luego de un recorrido que se llamó «la caravana de la diversidad». Al parecer, esta comunidad ya pasó de la inclusión al privilegio porque ni siquiera el decreto presidencial que prohíbe los eventos masivos pudo detenerlos.

Los grupos de presión LGBTI actúan como si fueran el grupo más oprimido de todos. Pero en realidad, en los países con mayorías cristianas como es el caso de Occidente, durante mucho tiempo han disfrutado de libertades como cualquier otro ciudadano. Tienen derechos esenciales como la libertad de expresión, la salud, la propiedad privada, tener sus bares gay donde pueden reunirse sin problema, hasta se pueden casar. Además, pueden desfilar desnudos en las calles públicas, frente a los niños, y la policía está allí, no para arrestarlos por indecencia pública, sino para protegerlos. Entonces podemos afirmar que no buscan reivindicar derechos, sino imponer su ideología y cultura.

EL FALSO DILEMA ENTRE SALVAR VIDAS O SALVAR LA ECONOMÍA

Esta semana el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, tuvo los indicadores de desempleo del mes de mayo de 2020 en Colombia. El panorama no puede ser más sombrío.

En poco más de dos meses de cuarentena (finales de marzo, abril y mayo), producto de la pandemia de la Covid 19, el país pasó del 12% al 21, 4% de desempleo, y en las principales ciudades al 24, 5 %. Sólo entre abril y mayo el desempleo creció más de 10 puntos porcentuales y en comparación con el mismo mes del año anterior el aumento en el número de desempleados fue de 2, 1 millones. El aumento más rápido del que se tenga conocimiento desde que se hacen las mediciones.

A los indicadores anteriores hay que sumarle que la metodología que usa el DANE para realizar sus encuestas solo incluye las personas que están buscando empleo. Eso significa que miles de personas que durante el mes de mayo no estaban buscando empleo por motivos de la cuarentena no fueron consideradas como desempleadas, lo que demuestra que el número puede ser muy superior al presentado por el DANE, y confirma un escenario de crisis económica sin precedentes.

Por lo anterior, el dilema entre salvar vidas o salvar la economía es falso. Si no se realiza una apertura responsable de todos los sectores económicos la recesión venidera puede traer consigo un caos y una descomposición social de tal magnitud que uno de los derechos que se verá más amenazado será el derecho a la vida, ya sea por la escasez de recursos para acceder a los alimentos necesarios o por el aumento de la inseguridad y los delitos de alto impacto.

En ese orden de ideas, los gobiernos están llamados a promover el autocuidado, la implementación de las medidas de bioseguridad, garantizar las libertades individuales y los demás derechos fundamentales de los ciudadanos.